MEXICO EN GUERRA
ESTADO FALLIDO 2010
NARCOTRAFICO EN TAMAULIPAS
NARCOTRAFICO EN JUAREZ
Soldados, narcos y daños colaterales
Daños colaterales le llaman Felipe Calderón y su secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván, al asesinato de civiles inocentes en la llamada guerra contra el narcotráfico. Con ese terminajo pretenden justificar la barbarie en que nos hunden con el argumento de que son pérdidas lamentables pero inevitables en esa misión superior, casi apostólica, de recuperar al país de las manos de la delincuencia organizada. ¿Habrá padres, hermanos, tíos o amigos de esos muertos que no se indignen ante semejante señalamiento?
A la sangrienta estadística de daños colaterales se sumó la muerte de Laura Delgado Tullor y sus pequeños hijos de 8 y 12 años acribillados el miércoles pasado en plena avenida Costera de Acapulco sorprendidos por el intercambio de metralla entre policías federales y presuntos narcotraficantes.
En esa lista deben estar también los inocentes caídos durante los últimos días entre el fuego cruzado de esta guerra fallida o por balas disparadas desde retenes militares acaso por equivocación: los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, acribillados cuando iban a la playa en Matamoros, Tamaulipas; los jóvenes Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo, estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey, abatidos asimismo entre el fuego cruzado entre militares y capos; las tres personas relacionadas con el consulado de EU ejecutadas en Ciudad Juárez y, en esa misma localidad fronteriza, los 14 jovencitos masacrados en una fiesta de la popular colonia Salvarcar.
Hechos como éstos, al menos los informados o denunciados públicamente, ocurren desde 2007, año en que los niños Grisel, Juana y Edwin Esparza Galaviz fueron acribillados en un retén del Ejército de la comunidad sinaloense de Los Alamillos, en uno de los primeros casos de graves violaciones de las fuerzas armadas a la garantías individuales documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Esas muertes deben estar incluidas en las 22 mil 774 que reconoció la Secretaría de la Defensa Nacional en la carpeta confidencial que entregó a la Cámara de Senadores con motivo de la comparecencia del lunes pasado de los integrantes del gabinete de seguridad nacional, como saldo de la guerra contra el narcotráfico emprendida en 2007 por Calderón y de las que —se asegura— 92 de cada cien fueron ejecuciones. Pero aún esas muertes —producto de ajustes de cuentas entre presuntos delincuentes— y por supuesto las que ha infligido el Ejército a narcos y a civiles inocentes, deben ser investigadas y sancionadas si verdaderamente lo que se busca es que seamos un Estado de derecho.
DE QUE LADO ESTAS MEXICANO
ESTADO FALLIDO 2010
NARCOTRAFICO EN TAMAULIPAS
NARCOTRAFICO EN JUAREZ
Soldados, narcos y daños colaterales
Daños colaterales le llaman Felipe Calderón y su secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván, al asesinato de civiles inocentes en la llamada guerra contra el narcotráfico. Con ese terminajo pretenden justificar la barbarie en que nos hunden con el argumento de que son pérdidas lamentables pero inevitables en esa misión superior, casi apostólica, de recuperar al país de las manos de la delincuencia organizada. ¿Habrá padres, hermanos, tíos o amigos de esos muertos que no se indignen ante semejante señalamiento?
A la sangrienta estadística de daños colaterales se sumó la muerte de Laura Delgado Tullor y sus pequeños hijos de 8 y 12 años acribillados el miércoles pasado en plena avenida Costera de Acapulco sorprendidos por el intercambio de metralla entre policías federales y presuntos narcotraficantes.
En esa lista deben estar también los inocentes caídos durante los últimos días entre el fuego cruzado de esta guerra fallida o por balas disparadas desde retenes militares acaso por equivocación: los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, acribillados cuando iban a la playa en Matamoros, Tamaulipas; los jóvenes Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo, estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey, abatidos asimismo entre el fuego cruzado entre militares y capos; las tres personas relacionadas con el consulado de EU ejecutadas en Ciudad Juárez y, en esa misma localidad fronteriza, los 14 jovencitos masacrados en una fiesta de la popular colonia Salvarcar.
Hechos como éstos, al menos los informados o denunciados públicamente, ocurren desde 2007, año en que los niños Grisel, Juana y Edwin Esparza Galaviz fueron acribillados en un retén del Ejército de la comunidad sinaloense de Los Alamillos, en uno de los primeros casos de graves violaciones de las fuerzas armadas a la garantías individuales documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Esas muertes deben estar incluidas en las 22 mil 774 que reconoció la Secretaría de la Defensa Nacional en la carpeta confidencial que entregó a la Cámara de Senadores con motivo de la comparecencia del lunes pasado de los integrantes del gabinete de seguridad nacional, como saldo de la guerra contra el narcotráfico emprendida en 2007 por Calderón y de las que —se asegura— 92 de cada cien fueron ejecuciones. Pero aún esas muertes —producto de ajustes de cuentas entre presuntos delincuentes— y por supuesto las que ha infligido el Ejército a narcos y a civiles inocentes, deben ser investigadas y sancionadas si verdaderamente lo que se busca es que seamos un Estado de derecho.
DE QUE LADO ESTAS MEXICANO
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